La «biblia» de la campaña ilegal permanente de la Municipalidad de Guatemala

Imagen de archivo del expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú, EFE/Archivo

Guatemala, 14 jun (EFE).- El partido Unionista, que llevó a la alcaldía capitalina al expresidente de Guatemala Álvaro Arzú, utilizó una «biblia» para adoctrinar a trabajadores y votantes en una campaña ilegal permanente que tenía como objetivo perpetuar el poder de la familia en la Municipalidad utilizando recursos públicos.

Así se desprende del caso «Financiamiento electoral ilícito del partido Unionista», presentado este viernes por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el que se detalla que la formación, «sin control de ningún tipo», se mantuvo en «permanente campaña» entre 2011 y 2015, utilizando fondos, infraestructura y personal de la comuna.

Las pesquisas señalan que dirigentes del partido, actuando desde dentro de la Municipalidad y con cargos en esa dependencia, crearon un grupo que llevó adelante los «planes y estrategias» concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con la formación y «el caudal de votos», «instrumentalizando» a la alcaldía a su favor.

«Todo este esfuerzo sostenido durante años y en favor del partido y del alcalde Álvaro Enrique Arzú Irigoyen (1946-2018), buscaba asegurar su triunfo electoral en las elecciones de los años 2011 y 2015», aseguró la investigación y fuentes allegadas a la misma que hablaron con Efe y que detallaron que para ello se realizaron más de una treintena de allanamientos.

La información recabada, contenida en presentaciones, informe, correos e interceptaciones, establece la existencia de estrategias y planes diseñados desde la Municipalidad para el Partido Unionista, algunos camuflados como actividades de la alcaldía, que fueron financiados con los fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).

En este sentido señalan la existencia de dos grandes estrategias: «El plan Hormiga» y «El Plan 8», así denominados por los mismos integrantes de esta red.

El primero consistía en convertir a cada uno de los trabajadores municipales en un «captador de votos puerta con puerta» y el segundo, a través de convivencias y capacitaciones, busca captar los votos de los propios trabajadores, que se habían mostrado descontentos, y que estos a su vez buscaran otros entre sus amigos y familiares con el fin de multiplicar el voto.

El primer plan se ejecutó desde 2011 a 2015 y los trabajadores públicos, obligados a participar en sus horas de trabajo si no los despedían, tenían que cubrir las 22 zonas de la capital en 4 semanas pidiendo su voto» para Álvaro Arzú, a quien los miembros de la red denominaban como «Alfa 1» o «AA».

Para ello se contrató, con ese mismo dinero público, al mexicano Jesús Gómez Espejel, quien supuestamente iba a dar capacitaciones pero que en realidad se encargó de «diseñar estrategias para captar votos», cobrando por ello 983.000 quetzales (unos 128.000 dólares), un dinero que fue aprobado por «gente del círculo» de Arzú.

La implementación de esta estrategia terminó con la división de la capital en 4 áreas -cada una nombrada con las cuatro letras del apellido del entonces alcalde- y cada una estaba a cargo de una persona, entre ellas el actual ministro de Finanzas, Víctor Martínez, aunque era el actual alcalde y candidato a la reelección, Ricardo Quiñones, el que manejaba toda la red.

El segundo programa, «El Plan 8», se realizó durante los 8 meses anteriores a la contienda electoral de 2015, que se celebraron en septiembre, y comenzó por el «desapego» de algunos trabajadores. Fue por ello que se realizaron convivencias, aunque en ellas se metió «el tinte político» para captar su voto y que ellos a su vez trajera en el de sus allegados, obligándolos a recabar, en fichas, datos de todos.

En esta iniciativa, según el documento «Mapa del Poder», se ve que se establecía la afiliación al Partido Unionista como una obligación para poder entrar a trabajar a la Municipalidad y que los que no eran afines estaban considerados como «una amenaza».

Estas estrategias eran del conocimiento de las máximas autoridades de la municipalidad, quienes autorizaban los gastos a través del FAPU, al menos un millón de quetzales (más de 130.000 dólares), gastos que fueron camuflados mediante facturas «alteradas o falsas».

Quienes conformaban el Comité Técnico de dicho fideicomiso -órgano que aprobaba los pagos- ocupaban a su vez cargos partidistas y eran militantes del Partido, pues ellos mismos «autorizaban» sus gastos de campaña electoral.

De esta forma presuntamente actuaron Luisa María Salas Bedoya, ya en prisión por el caso «La Caja de Pandora»; Ricardo Quiñónez, actual alcalde -que asumió tras el deceso de Arzú- y marido de una sobrina del expresidente, Víctor Martínez, ahora ministro de Finanzas, y Luis Pedro Villanueva Mirón.

«Ellos tenían conocimiento de que los gastos correspondían a actividades vinculados con las estrategias partidistas, en especial el ‘plan hormiga’ y el ‘plan 8’; incluso, tuvieron participación directa, coordinación y/o supervisión en las actividades de dichos planes», reiteró la investigación.

Es por ello que la Fiscalía y la Cicig presentarán este viernes dos solicitudes de desafuero (antejuicio), una contra Quiñónez, «mano derecha de Arzú» con un «gran poder» en la trama, y otra contra Martínez, ambas por los delitos de «financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado».

Asimismo coordinaron la captura de Villanueva y Héctor Adolfo Cifuentes, quien era secretario general del Partido Unionista hasta que asumió Álvaro Arzú Escobar, hijo del entonces alcalde, presidente del Congreso en la actualidad y otra vez candidato a diputado.

La investigación señala que Arzú y Quiñónez «dirigían» esta «comunión munionista» usando recursos humanos y dinero público de la municipalidad para mantenerse en una «permanente campaña electoral» que les asegurara el poder.